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Podría aplicarse la Directiva Europea de Protección de Datos a Google

Martes, 25 de junio de 2013

Hoy hemos conocido las conclusiones del Abogado General del TJUE respecto a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en relación con el llamado “derecho al olvido”. Con su lectura nos podemos hacer una idea de la decisión que tomará el TJUE dentro de unos meses, dado que aunque no es vinculante su opinión, suele ser tenida en cuenta.

Resumiendo el asunto, se trataba de dilucidar tres cuestiones:

1- Si a Google se le aplicaría la normativa europea sobre protección de datos.

En primer lugar el Abogado General estima que el hecho de que el centro de gravedad del conflicto sea un país de la UE y por tanto sea posible una tutela más eficaz de los derechos de los ciudadanos no es motivo suficiente para aplicar la Directiva. Sin embargo, considera que las filiales de Google en los distintos países de la UE, como puede ser Google Spain, suponen claramente un establecimiento en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva. Además de mencionar que se utilizan dominios territoriales, considera que el tratamiento de datos personales tiene lugar en el marco de un establecimiento del responsable del tratamiento si dicho establecimiento actúa como un nexo para el servicio de referencia con el mercado publicitario de tal Estado miembro. Para ello es independiente que las operaciones de tratamiento técnico de los datos estén situadas en otro Estado miembro o en países terceros. En consecuencia, estima que a Google puede aplicársele la normativa europea sobre protección de datos.

Esta es la cuestión más trascendente, a mi juicio, de este asunto, porque, independientemente de lo que veremos a continuación, traerá consigo importantes consecuencias, muchas de las cuales Google ha venido negando sistemáticamente.

2- Si un buscador realiza un tratamiento de datos y es responsable del mismo .

Para el Abogado General tampoco hay dudas respecto al primer punto: las operaciones que realiza un buscador suponen claramente un tratamiento de datos personales. Sin embargo, no considera que el buscador sea responsable del tratamiento, puesto que entiende que para la Directiva, “el responsable del tratamiento es consciente de la existencia de una categoría determinada de información que contiene datos personales y [..] trata estos datos con una intención relacionada con su tratamiento como datos personales”. Estima que el buscador no ejerce ningún control sobre los datos personales incluidos en las páginas web de terceros, que no es “«consciente» de la existencia de datos personales en un sentido distinto del hecho estadístico de que las páginas web probablemente incluyen datos personales”. Además piensa que Google “no puede ni jurídicamente ni de hecho cumplir las obligaciones del responsable del tratamiento establecidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva en relación con los datos personales contenidos en páginas web fuente alojadas en servidores de terceros”.

No obstante, entiende el Abogado General que el buscador tendrá responsabilidad si no respeta los códigos de exclusión de las páginas web que rastrea o si no actualiza su memoria a pesar de que el sitio de Internet lo solicite. En esos casos, las autoridades de control, como la Agencia Española de Protección de Datos, podrán exigir al buscador que retire información de su índice. 

3- Si un interesado puede contactar con un buscador para evitar la indexación de la información que le afecta personalmente que ha sido publicada en páginas web de terceros.

Afirma el Abogado General que no existe un derecho al olvido “absoluto”, en el sentido de que se pueda exigir al buscador, en caso de que sea responsable del tratamiento de los datos, que elimine la información. En esos casos el buscador debería enjuiciar si la difusión de los datos personales en la página web podría considerarse legal y legítima a los efectos de la Directiva y obrar en consecuencia. Es decir, no dice que tenga que eliminar los datos, pero tampoco que no tenga que hacerlo, sino que tendría que analizar cada caso y, “cuando resultase necesario, censurar el contenido evitando o limitando el acceso a éste”

Estima no obstante, que el derecho de un interesado a la protección de su vida privada debe ponerse en equilibrio con otros derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y la libertad de información. Y por ello no puede entenderse que se pueda invocar un “derecho al olvido absoluto”.

Es importante destacar que la Audiencia Nacional no pregunta sobre un “derecho al olvido” como tal, sino que se refiere a los “derechos de supresión y bloqueo de los datos”, y que el Abogado General habla de “derecho generalizado al olvido”, y se refiere en sus conclusiones a un caso como el versa este asunto, en el que aparecen unas informaciones en un periódico. Por tanto, creo que, además de esperar a la resolución a la que llegue el TJUE, todavía habrá mucho que dilucidar en relación con estas cuestiones, sobre todo cuando las informaciones no procedan de un medio de comunicación, como es el caso.

 

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